“Complicidad judicial: cuando el sistema daña a los niños”
En Cipolletti se repite una práctica que hiere a la infancia: las revinculaciones forzadas. Detrás de cada resolución aparece el mismo bloque: la Defensoría de Menores e Incapaces junto a los equipos técnicos del Poder Judicial. Funcionan en tándem, como si fueran una sola voz, aunque del otro lado existan informes de profesionales independientes que conocen en profundidad la vida y el dolor de los niños.
El mecanismo es tan simple como dañino. Los equipos técnicos del juzgado elaboran informes breves, muchas veces superficiales; la Defensoría los valida y los convierte en dictámenes; y el Poder Judicial los homologa casi de forma automática. En la práctica, lo que debería ser protección se transforma en sentencia de sufrimiento. El problema no está en un caso aislado, sino en un engranaje que repite la misma lógica una y otra vez, desoyendo advertencias de especialistas externos y desconociendo los derechos que la ley reconoce a cada niño.
El Poder Judicial no es un mero espectador: cada resolución lleva la firma de un juez. Esa firma no es un trámite administrativo, es un acto de responsabilidad institucional que impacta de manera directa en la vida de los niños. Por eso resulta inadmisible que se limite a homologar dictámenes sin valorar de manera integral todos los informes disponibles.
Mientras tanto, informes de psicólogos y terapeutas privados que acompañan a los chicos durante dos, tres o más años de tratamiento quedan reducidos a un papel olvidado en el expediente. El saber de quienes han sostenido a esos niños en su proceso de sanación termina chicaneado por pericias rápidas, superficiales, hechas en apenas cuatro o cinco sesiones de una hora por personas que apenas conocen al paciente.
¿Cómo puede pesar más una evaluación exprés que el seguimiento constante de quienes caminan día a día junto al niño?
La Ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño no dejan lugar a dudas: el interés superior del niño debe estar por encima de todo. Y el artículo 12 de esa Convención, con jerarquía constitucional, obliga a escuchar la voz de cada niño en los procesos que lo afectan. Sin embargo, en esta jurisdicción esa voz suele ser la gran ausente, lo que convierte en letra muerta un principio que debería ser el faro de toda decisión judicial.
Nos preguntamos:
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¿Qué valor tiene la palabra de un niño cuando los informes privados que reflejan su angustia son descartados por la burocracia judicial?
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¿Quién asume la responsabilidad cuando una revinculación forzada deja secuelas emocionales irreparables?
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¿Hasta cuándo los equipos técnicos y la Defensoría de Menores van a funcionar como engranajes de un sistema que prioriza cerrar expedientes antes que proteger la infancia?
Cada vez que se dicta una revinculación forzada contra la opinión de profesionales independientes, el costo no lo paga la Defensoría, ni los técnicos judiciales, ni el tribunal. Lo paga el niño. Y ese costo no aparece en las sentencias: se mide en traumas, ansiedad, miedo y heridas emocionales que ningún fallo podrá reparar después. La responsabilidad es compartida. No hablamos de errores aislados. Hablamos de un sistema que termina vulnerando derechos en lugar de protegerlos. La Defensoría y los equipos técnicos se convierten en cómplices al avalar resoluciones que desconocen la ley y pisan el derecho de los niños a ser protegidos.
No es ignorancia.
Es complicidad.
Desde Inocencia Protegida denunciamos públicamente que este modo de actuar viola leyes nacionales y tratados internacionales que protegen a la infancia. Exigimos que se ponga fin a las revinculaciones forzadas en casos donde informes independientes alertan sobre riesgos, y que las resoluciones judiciales no se limiten a reproducir dictámenes de un bloque institucional desconectado de la realidad de los niños.
La infancia no puede seguir siendo terreno de ensayo judicial. Ni moneda de ajuste. Ni campo de experimentación.
El interés superior del niño no se negocia. Se respeta.
Desde Río Negro levantamos la voz hacia todo el país: la complicidad judicial que daña a los niños debe terminar. Y llamamos a la sociedad, a las instituciones y a los organismos nacionales a poner fin a estas prácticas. Porque la protección de la infancia no puede depender del azar ni del silencio cómplice.
