IPR advierte sobre los riesgos del proyecto de ley de falsas denuncias para la protección de las infancias

La Asociación Civil Inocencia Protegida expresa su preocupación ante una reforma que podría desalentar denuncias de violencia y abuso contra niñas, niños y adolescentes. La falta de pruebas no puede confundirse con una denuncia deliberadamente falsa.

Proteger el derecho a denunciar también es proteger a las infancias

Desde la Asociación Civil Inocencia Protegida —IPR— expresamos nuestra profunda preocupación ante el avance de un proyecto de ley que propone aumentar las penas por falsas denuncias y falsos testimonios en causas vinculadas con violencia, delitos contra la integridad sexual y situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Una denuncia realizada intencionadamente con conocimiento de su falsedad es un hecho grave. Puede causar un daño profundo a una persona injustamente acusada y perjudicar el funcionamiento de la Justicia. Por eso, estos casos deben investigarse con seriedad, respetando el debido proceso y las garantías de todas las personas involucradas.

Pero también es fundamental comprender que una denuncia que no logró probarse no es necesariamente una denuncia falsa. Una causa puede ser archivada, finalizar sin condena o no reunir pruebas suficientes por múltiples razones. Eso no significa, por sí solo, que quien denunció haya mentido o actuado de mala fe.

En los casos de violencia y abuso contra niñas, niños y adolescentes, esta diferencia es especialmente importante. Muchas de estas situaciones ocurren dentro del ámbito familiar o privado, sin testigos, y en contextos atravesados por el temor, la dependencia, las amenazas o la manipulación constante. En este tipo de casos, reunir pruebas puede ser muy difícil. Que una causa no termine en condena no significa, por sí solo, que el hecho no haya ocurrido ni que la denuncia haya sido falsa.

Una ley que genere temor a denunciar puede tener consecuencias gravísimas. Madres, padres, familiares, docentes, profesionales de la salud y cualquier persona adulta  podría dudar antes de pedir ayuda o comunicar una sospecha de abuso, por miedo a ser perseguida penalmente si luego el hecho no logra demostrarse.

Cuando se trata de proteger a una victima, el miedo no puede convertirse en una barrera. Las leyes deben brindar respuestas justas, pero también deben evitar que una persona deje de pedir ayuda por miedo. Defender a quienes fueron injustamente acusados y proteger a las infancias no son objetivos opuestos. El Estado debe garantizar investigaciones responsables, imparciales y oportunas, respetar el derecho de defensa y, al mismo tiempo, evitar que las víctimas y las personas que buscan protegerlas sean silenciadas.

Desde IPR consideramos indispensable que cualquier modificación legislativa de esta naturaleza sea debatida con responsabilidad y con la participación de especialistas en infancia.

Proteger a las infancias también significa garantizar que quienes adviertan una situación de violencia puedan denunciar, hablar y buscar protección sin temor.