Desde la Asociación Civil Inocencia Protegida —IPR— seguimos con profunda preocupación la investigación judicial que se desarrolla en nuestra ciudad por hechos vinculados con abuso sexual infantil y con la producción, tenencia y circulación de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

Estamos frente a una situación de una gravedad que no admite indiferencia.

Cuando una investigación involucra posibles delitos contra la integridad sexual de niñas, niños o adolescentes, el paso del tiempo no es un dato menor. Para una víctima, para su familia y para una sociedad que necesita confiar en sus instituciones, cada demora genera más incertidumbre, más angustia y más preguntas.

Por eso, desde Inocencia Protegida reclamamos al sistema judicial de Cipolletti respuestas prontas, firmes y a la altura de la gravedad de los hechos que se investigan.

Entendemos y respetamos que toda investigación penal requiere pruebas, pericias, garantías procesales y el cumplimiento estricto del debido proceso. También sabemos que ninguna persona puede ser considerada culpable antes de una sentencia.

Pero respetar las garantías constitucionales no puede transformarse en sinónimo de lentitud, silencio o falta de respuestas.

Las víctimas también tienen derechos.

Tienen derecho a ser escuchadas.
Tienen derecho a ser protegidas.
Tienen derecho a recibir acompañamiento.
Tienen derecho a que los hechos denunciados sean investigados seriamente.
Y tienen derecho a que la Justicia actúe dentro de plazos razonables.

La sociedad de Cipolletti necesita saber que, frente a hechos de semejante magnitud, sus instituciones funcionan.

Necesitamos una Justicia capaz de investigar hasta las últimas consecuencias, establecer responsabilidades donde corresponda y determinar si existen otras personas involucradas, otras víctimas o nuevas circunstancias que deban ser investigadas.

También resulta indispensable que la investigación pueda establecer, cuando corresponda, el posible recorrido del material investigado, su eventual distribución y las responsabilidades individuales que pudieran surgir de esas conductas.

No pedimos condenas anticipadas.

Pedimos Justicia.

Y pedir Justicia también significa pedir celeridad, compromiso, recursos adecuados y una respuesta institucional que coloque a las niñas, niños y adolescentes en el centro de la protección.

Los tiempos judiciales no siempre son los tiempos de una víctima.

Esa diferencia debe preocuparnos.

Como organización dedicada a la defensa y protección de las infancias, consideramos fundamental que este caso sea investigado con absoluta seriedad, sin especulaciones, sin exposición de las víctimas y sin difusión de información que pueda permitir su identificación directa o indirecta.

La protección de su intimidad debe ser una prioridad.

Pero proteger la investigación y preservar a las víctimas no significa que la comunidad deba guardar silencio.

Cipolletti tiene derecho a preguntar.

Tiene derecho a exigir que se investigue.

Tiene derecho a reclamar que se utilicen todos los mecanismos legales y técnicos disponibles.

Y, fundamentalmente, tiene derecho a esperar que frente a posibles delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes la respuesta del Estado sea rápida, profesional y contundente.

Desde Inocencia Protegida acompañamos a las víctimas y a sus familias, respetando estrictamente su privacidad y los procesos judiciales en curso.

Al mismo tiempo, hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que esta investigación avance con la mayor celeridad posible y para que cada circunstancia vinculada con estos hechos sea esclarecida.

No podemos acostumbrarnos.

No podemos mirar hacia otro lado.

Y no podemos aceptar que el paso del tiempo termine transformándose en otra forma de sufrimiento para quienes esperan una respuesta.

Las infancias necesitan protección.
Las víctimas necesitan respuestas.
Y Cipolletti necesita Justicia.

Asociación Civil Inocencia Protegida —IPR—
Defensa activa de la niñez